La Justicia en lo Penal Económico sobreseyó al empresario Alejandro Burzaco, hermano de Eugenio –ex secretario de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri- en una causa vinculada con el Fifagate, la investigación que se desarrolla en Estados Unidos sobre supuesto pago de sobornos para obtener los derechos de televisión de los campeonatos y partidos en los que interviene la Selección Argentina de fútbol.

El juez Javier López Biscayart dispuso además el sobreseimiento de otros investigados en el caso, entre ellos Mariano y Hugo  Jinkis, Leonardo Ellenberg, Juan Miguel Ripoll, Alberto Pomato y “la persona jurídica Torneos y Competencias S.A.”.

 La fiscalía había pedido las indagatorias de todos por “la presunta existencia de una asociación compuesta por más de tres personas que, al menos durante los años 2010 a 2016, habría estado destinada a cometer indeterminados delitos tributarios”.

El juez consideró que “con los elementos reunidos en el expediente no es posible afirmar que la finalidad de los imputados haya sido la de cometer delitos fiscales de forma habitual, no se encuentran reunidos los requisitos típicos de la asociación ilícita fiscal, la reiteración de la modalidad delictiva utilizada y de identidad de los imputados no es suficiente para agrupar esta multiplicidad de hechos en una asociación ilícita fiscal”.

En cuanto a Burzaco, el fallo recordó que “celebró un acuerdo de colaboración con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York el cual le impone obligaciones muy puntuales cuyo incumplimiento le acarrearía perjuicios significativos que agravarían de un modo determinante su situación en dicho proceso”.

En efecto, Burzaco declaró como arrepentido en Estados Unidos en la causa Fifagate, lo que –según entendió el juez- “conllevaría la prohibición de revelar su cooperación o cualquier otra información de allí derivada a terceros sin el consentimiento previo de la Oficina del Fiscal”.

En ese contexto, reveló que la causa que se investiga en la Argentina “guarda íntima relación con determinados hechos que son materia de investigación en el proceso judicial americano”, por lo que “de llevarse adelante la audiencia ordenada en esta causa se presentaría una violación al derecho de defensa en juicio del nombrado”.

Todos los imputados estaban acusados por “las supuestas evasiones de pago en concepto de Impuesto a las Ganancias a los que se habría encontrado obligada la contribuyente Torneos y Competencias S.A.” por las siguientes cifras: $23.905.339,28 por el período fiscal 2012; $70.142.647,03 por 2013; $208.844.500,25 por 2014; $259.288.999,72 por 2015; y, $154.005.359,14 por 2016.

En cuanto a Burzaco, se le imputa “la supuesta evasión de pago de $98.253.976,05 en concepto de Impuesto a las Ganancias, en orden al período fiscal 2015, al que se habría encontrado obligado”.

Según el fiscal, ello fue producto de “una asociación criminal que, al menos durante los años 2010 al 2016, habría sido conformada para la obtención de los contratos de exclusividad de derechos vinculados a eventos deportivos futbolísticos, mediante la comisión de delitos penales, infracciones tipificadas en el país como evasión tributaria y, en el extranjero, como delitos de sobornos, utilización fraudulenta del sistema bancario y lavado de dinero”.

El fallo desvincula a los demás imputados del delito que se le reprocha específicamente a Burzaco y si bien mantiene parcialmente abierta la investigación, la supeditó a la respuesta de la Justicia estadounidense sobre “si en el caso de prestar declaración indagatoria en el marco de estas actuaciones dicha circunstancia podría acarrearle al nombrado algún perjuicio o detrimento en los beneficios obtenidos en aquel proceso”.

En el proceso en la Argentina, la procuraduría especializada en lavado (PROCELAC) denunció que los Jinkis y Burzaco “habrían obtenido los derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que participó el Seleccionado Argentino de Fútbol, desde el año 1991 hasta ese momento, mediante el pago de sobornos a las autoridades o dirigentes de la FIFA, lo que les habría permitido colocarse en una situación de privilegio especial para, en un marco de negociación dispar y abusiva, transferir los mismos a cambio sumas de dinero exorbitantes al Estado Nacional, en perjuicio del patrimonio público”.

En esas supuesta maniobras, según la acusación, intervino la empresa DATISA S.A., “una sociedad constituida en Uruguay en partes iguales por tres sociedades (cada una posee el 33% de su paquete accionario), a saber, Productora de Eventos S.A. (cuya titularidad corresponde en un 100% a Torneos y Competencias), Full Play International Televisión (de titularidad de Mariano y Hugo Víctor Jinkis) y Traffic Sports International Inc. (constituida en Islas Vírgenes cuyos integrantes son de nacionalidad brasilera)”.