“Argentina va rumbo a convertirse en una gran Salada o a funcionar como un típico país centroamericano donde los niveles de informalidad laboral llegan al 70% de la población”, alerta un experimentado inspector de la Secretaría de Trabajo que explica que no hay manera de esconder debajo de la alfombra uno de los males más extendidos de la economía nacional: el trabajo en negro. 

Pero, para comprender una situación que la administración de Javier Milei hereda con datos tan alarmantes que lo llevaron a incluir el tema entre los diez mandamientos que pretende que la mayoría de los gobernadores firmen para una nueva refundación de la Argentina, hay que poner a la Nación en cifras. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) explica que el empleo informal se produce cuando se verifica la creación de “todo trabajo remunerado que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos”. 

En Argentina a esta definición se le podría agregar el trabajo independiente de baja calificación e ingresos. En nuestro país, cerca de la mitad de las personas ocupadas poseen empleos informales, según datos del INDEC 

Para el vocero presidencial, Manuel Adorni, la Argentina convive con “un 45% de informalidad laboral”. Y, los últimos datos oficiales corresponden al tercer trimestre de 2023, donde se registraba que el 45,3% de los trabajadores eran asalariados no registrados o cuentapropistas no profesionales, que son categorías asociadas a la informalidad laboral como señala Sebastián Waisgrais, de Unicef Argentina, que explicó, “...la economía informal la componen asalariados que no gozan de beneficios sociales en su ocupación principal pero también empleadores o trabajadores por cuenta propia con ingresos ubicados en los cinco primeros deciles de la distribución del ingreso”, o sea los argentinos que hacen changas, y que saben que es ese trabajo o la intemperie.  

“Es lo que hay” se transformó en una de las frases emblemáticas de los argentinos en las últimas décadas ganadas o perdidas. 

Ahora bien, el gobierno pomposamente incluyó la cuestión en el Pacto de Mayo, hoy de incierta realización, por lo que podría tratarse del Pacto de Junio, o de Julio, o del nunca jamás. 

Pero, el Presiente, Javier Milei, leyó en el punto 7, "Acordar una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal", que, hoy por hoy, quedó bastante desvirtuada de los planes iniciales de La Libertad Avanza de profundos cambios a nivel laboral y sindical. 

Entre los principales cambios sobrevivieron los puntos por los cuales se establecen, un plazo de 6 meses de prueba con la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo puedan ampliar hasta 8 meses en los casos de empresas de 6 a 100 trabajadores.   

Para los legisladores críticos del proyecto la reforma laboral que se analiza en el Senado y cuenta con media sanción de Diputados, este ítem, apunta a reemplazar la informalidad por la precarización laboral, al modificar las obligaciones previsionales de los nuevos contratos para que paguen monotributo. 

Además, se creará un fondo de cese laboral por convenio y se eliminan las multas por trabajo no registrado. Esto se aplica si el empresario blanquea a aquellos trabajadores que tienen en negro. En el gobierno entienden que la medida apunta a incentivar el empleo registrado. 

Para el especialista en derecho laboral, Juan Pablo Chiesa, “eliminar las multas por falta de registración laboral, favorece al empleado”, según explicó al diario ámbito.com y además señaló, “...ahora al empleado que se lo tiene en negro, total o parcial, no va más. Es fácil para denunciar al empleador porque se contará con un mecanismo ágil y práctico donde denunciar al negrero sin rodeos ni esperas ni abogados. Así, esa denuncia llegará al organismo de control, la AFIP, que actuará en consecuencia”. 

Pues bien, allí, en la AFIP, es donde han comenzado a sonar todas las alarmas. Se produjeron señales encontradas en el combate contra la informalidad laboral con los profundos cambios que está realizando la administradora Florencia Misrahi, trasladando personal, cerrando dependencias y reforzando otras oficinas.  

Entre ellas, corre un fuerte rumor de clausura de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, que conduce el contador Horacio Muñoz con pasado de fiscalizador e investigador en el área. 

Causó sorpresa y malestar entre los trabajadores de la agencia recaudadora nacional cuando comenzó a hablarse de cerrar la oficina que precisamente tiene que fiscalizar y trabajar contra el trabajo en negro.  

“No se entiende, no sólo no deberían poner en duda la existencia de la Dirección sino que debiera contar con más presupuesto, herramientas y recursos humanos para un tema que es prioritario entre las necesidades que tiene que resolver la Argentina”, afirmó un trabajador de carrera con más de quince años de servicios en la AFIP. 

La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social fue creada por decreto del presidente, Fernando de la Rúa, su ministro de economía, Domingo Felipe Cavallo y por Patricia Bullrich que presidía el ministerio de Trabajo durante el malogrado gobierno de la Alianza. 

Pero, esta dirección creada en octubre de 2001 fue uno de los aciertos porque sirvió para asesorar y asegurar al titular de la AFIP, organismo autárquico que depende del ministerio de economía, en materia de “aplicación de la legislación atinente las normas que regulan la materia de su competencia y podrá instruir, cuando corresponda, los sumarios de prevención en las causas por delitos o infracciones de los recursos de la seguridad social”, según se lee en el Boletín Oficial. 

“Disolver esta dirección sería un verdadero despropósito y una señal en contrario del espíritu del Pacto de Mayo que la Casa Rosada pretende firmar, a no ser que haya fuerzas que aprovechen la ocasión para que los argentinos retrocedamos a la explotación que había en 1880”, explicaron fuentes gremiales de la AFIP.

Durante la gestión de Cambiemos de Mauricio Macri y Leandro Cuccioli en la AFIP, se intentó cerrarla con una Resolución, medida que no prosperó. 

El cierre de esta oficina representa una de las últimas líneas defensivas que tiene el Estado Nacional, para combatir eficientemente el trabajo en negro que avergüenza a los argentinos de bien.